Represión es la palabra que muchos no se animan a usar y es, efectivamente, lo que sucedió el martes cuando un comando unificado de fuerzas federales organizado por el Ministerio de Seguridad entró en la Lof Lafken Winkul Mapu, un territorio recuperado por la comunidad mapuche en 2017, y detuvo a mujeres y niñes.
Lo desmedido del operativo realizado al sur de la provincia de Río Negro, que incluyó a unos 250 uniformados de fuerzas federales y provinciales, vehículos de comunicación, retenes móviles, carros hidrantes, camionetas y un camión antitumultos, marcan los intereses que hay detrás. En definitiva, entregar territorios de frontera a extranjeros y magnates donde están las nacientes de aguas que alimentan los cauces de los ríos de la zona.
La jueza a cargo del operativo represivo fue Silvina Domínguez –subrogante- quién dio la orden a partir de una causa por el incendio de una casilla móvil de Gendarmería ocurrido a principios de agosto. Las casualidades, o no tanto, fueron que en el momento del operativo estaba dictado el secreto de sumario en la causa por lo que no se pueden conocer detalles de lo que se realiza.
En un primer momento se produjo la detención de siete mujeres, y cinco niños y niñas, aunque por estas horas se habla de doce personas en total detenidas. Ayer se difundieron audios sobre lo ocurrido y por la noche también, desde el territorio, los “peñi” informaron “a toda la sociedad consciente, acá en territorio Lafken Winkul Mapu, resistiendo. Está la Policía, Gendarmería y grupos tácticos siguiéndonos acá en el territorio con perros”.
“Hay un peñi desaparecido. Nosotros vamos a seguir acá porque somos de esta mapu, de este territorio, no nos vamos a ir, vamos a seguir firmes. Hacemos un llamado a movilizarse. ¡Marici weu!”, advirtieron. Hay que recordar que en el mismo territorio en 2017 la Prefectura asesinó de un disparo por la espalda a Rafael Nahuel.
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La preparación de la represión se inició el lunes con el arribo de un avión Hércules y un Fokker de la Fuerza Aérea que llegaron a Bariloche con todo el material represivo. El domingo se había juntado “Consenso Bariloche”, un grupo ligado a lo más rancio de la derecha argentina, con empresarios y abogado, que aunque hablan de una presunta “Patagonia sustentable y en paz” quieren la represión al pueblo mapuche.
“Desde que el Gobierno nacional abandonó la política de mesas de diálogo que había iniciado en 2020, el conflicto en Villa Mascardi se agudizó. Un desalojo violento no resuelve el conflicto, lo pospone y lo agrava”, dijeron desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS).
“En la Patagonia no existe el ‘conflicto mapuche’, existe el conflicto generado por un Estado dispuesto a perpetuar la deuda con el pueblo mapuche”, remarcaron desde la Confederación Mapuche de Neuquén. “Repudiamos el decreto de creación y el accionar del Comando Unificado que al parecer actúa en consecuencia a la campaña racista de estigmatización y criminalización, impulsada por grupos xenófobos de la derecha argentina y los discursos de odio en los medios de comunicación hegemónicos contra el pueblo mapuche”, sumaron desde el Encuentro Plurinacional de Argentina.
