La Justicia Federal ordenó el traslado a Jujuy del joven campesino lo que representa un alivio frente al agravamiento de sus condiciones de detención. La defensa de Franco Oscari, integrada por Samanta Delgado y María José Castillo, denunció una serie de irregularidades en el proceso judicial que derivó en su detención. Oscari fue detenido el pasado 23 de junio, luego de un violento allanamiento en el paraje rural donde vive junto a su familia.
El operativo fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo y ejecutado por la Policía Federal en el marco de una investigación por una supuesta amenaza dirigida a la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich. Enlatierra.com.ar habló con Delgado, una de las defensoras del joven, quien sostuvo que el procedimiento fue “arbitrario e irregular” y cuestionó la legalidad de toda la investigación.
La causa se originó a partir de una denuncia realizada por una publicación atribuida al perfil de Facebook de Oscari en abril de este año. Franco es un trabajador rural que reside en el paraje Las Goteras, en el municipio de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, a casi 160 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Se trata de en una zona de muy difícil acceso donde para llegar es necesario atravesar 17 arroyos.
Para la defensa, el caso excede la investigación y se inscribe en un contexto de criminalización de la protesta y de los conflictos territoriales. Delgado explica que “Franco fue elegido para su persecución” por su pertenencia al movimiento campesino y por vivir en un territorio atravesado por disputas vinculadas al avance extractivo. “Es una criminalización al descontento popular”, dice la abogada que recuerda que además “su madre integra una acción de amparo contra un proyecto minero y un día antes de su detención se había suspendido un desalojo en la zona”.
Durante las distintas instancias judiciales, la defensa también expuso que los sucesivos traslados de Oscari vulneraron sus derechos. Hay que recordar que el fiscal general ante la Cámara Federal de Salta, Eduardo Villalba, sostuvo que los traslados forzosos atentaban contra la libertad ambulatoria del detenido e incluso advirtió sobre un escenario similar a un “estado de sitio”. La causa principal sigue en manos del juez Lijo que se encuentra de viaje.
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