La Justicia Federal condenó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu por “usurpar” su territorio ancestral. En una nueva muestra de la complicidad del Poder Judicial, el juez federal Hugo Greca condenó a las y los integrantes de la comunidad a penas de entre dos años y dos años y seis meses de prisión en suspenso.
La presunta “usurpación” del territorio en Villa Mascardi es el lugar donde la machi Betiana Colhuan levantó su rewe o sitio espiritual. En ese lugar también el grupo albatros de la Prefectura Naval Argentina asesinó por la espalda a Rafael Nahuel. Hay que recordar que al inicio del juicio Colhuan fue sobreseída en la causa porque al momento de los hechos era menor de edad.
Durante los alegatos, previo a conocerse la sentencia, la defensa de la comunidad intentó plantearle al juez que tenía la “oportunidad de aportar al proceso histórico” y propender “una solución dialogada y pacífica. A la oportunidad de que enemigos irreconciliables se encuentren a negociar”. No fueron escuchados.
La condena por “usurpación” del predio ubicado en el kilómetro 2006 de la ruta 40 en Villa Mascardi se dio con la intervención, durante el juicio, del fiscal de San Carlos de Bariloche Rafael Alberto Vehils Ruiz, asistido por la fiscal auxiliar Ángela Cecilia Pagano Mata; y la querella ejercida por la Administración de Parques Nacionales por Natalia Noemí Cardozo y el Nicolás Vinuesa.
Esta sentencia no es una sentencia que se da en soledad. En paralelo, desde el Ministerio de Justicia de la Nación, al otro día de conocida la condena difundieron un comunicado con tinte racista que continua con esta línea de persecución hacia las comunidades originarias. Allí, al comunicar la anulación de acuerdos con comunidades mapuche en la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi, los trata de “grupos criminales”.
En esta búsqueda de un enemigo interno, que no es nueva, la persecución a las comunidades originarias en general y en particular a las comunidades mapuche continua por todos los costados, tanto desde el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las complicidades de un Poder Judicial racista que no contempla el derecho indígena.
