Salta: Entran a territorio comunitario sin autorización

Días atrás comunidades diaguita-calchaquí de la zona de Rodeo de La Poma, en la provincia de Salta, evidenciaron la entrada en territorio de la comunidad de maquinaria pesada de empresas mineras que hasta el momento no fueron identificadas. Se encuentran en estado de «alerta y movilización» y ya denunciaron los hechos en la justicia salteña y ante la Secretaria de Ambiente. En los valles calchaquíes hay casi cuarenta comunidades originarias.

Desde la comunidad denuncian que las empresas «han ingresado a los territorios sin el consentimiento de nuestra comunidad y a espaldas del pueblo» ocasionando la destrucción de sitios, antigales, pircas, cardones, algarrobos, churquis, zonas de pastoreo, flora autóctona que son propias de la biodiversidad de la zona.

“No tenemos certeza del nombre de la empresa minera”, cuenta Rafael Delgadillo, abogado del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Cachi, que está acompañando y asesorando a las comunidades y contó que “hay un estado de alera y movilización” porque “entró al territorio una retroexcavadora acompañada por un par de camionetas”. “Como CAJ hemos ingresado un pedido que se aplique el convenio de Ezcazu de acceso a la información ambiental”, dijo.

Hay que recordar que ese territorio se encuentra relevado por la Ley Nacional 26.160. Tras los hechos la comunidad desarrolló una asamblea que contó con la participación de vecinos y pobladores de los parajes cercanos y de distintos puntos del valle. Desde la comunidad denuncian que la intromisión en el territorio fue sin consentimiento ni Consulta Previa Libre e Informada, tal y como lo dispone el Convenio 169 OIT.

Una asamblea general

El pasado 31 de mayo hubo en la Comunidad Diaguita Calchaquí Rodeo de La Poma una asamblea general de la que participaron las autoridades tradicionales, caciques y representantes del resto de las comunidades diaguitas calchaquíes del valle. También estuvieron presentes el Presidente del Instituto de Pueblos Indígenas de la Provincia de Salta (IPPIS) y de los Consejos de Participación Indígena (CPI) representantes diaguitas ante el Estado Nacional.

Al otro día, primero de junio, la jueza Victoria Mosmann, titular del Juzgado de Minas de la provincia de Salta convocó a una audiencia a la comunidad y solicitó precisión sobre las coordenadas en las que se hizo apertura del camino minero y precisiones sobre el punto donde se ubicaría la explotación.

Desde el juzgado explicaron que esto es a los fines de poder brindar información a las comunidades acerca de si existe algún tipo de solicitud o pedimento minero, si el mismo se encuentra dentro del territorio comunitario relevado por normativa nacional, o si por el contrario se trata de una acción ilegal. Las comunidades seguirán en estado de alerta.