Cinco familias de la comunidad Guerrero del Pueblo Kolla fueron expulsadas esta semana de su territorio en la provincia de Jujuy, a sólo 17 km de San Salvador. En el operativo participaron más de 150 policías. “Desde que el presidente de la Nación dio más poder a los privados las comunidades están en peligro”, dice Jorge Cruz, uno de los integrantes de la comunidad.
Cruz habló en “Con los pies en la Tierra”, el programa de radio de enlatierra.com.ar, y recordó que fue un “desalojo inesperado con agresividad de la policía” donde “se violaron todos los derechos habidos y por haber”. En el momento del desalojo la policía demoró a cinco personas, uno de ellos Jorge, que se sintió “como un delincuente”. También recordó que en Jujuy lo que hay son “corruptos y delincuentes de guante blanco”.
Después del desalojo, contó el comunero, “está todo bloqueado por la policía” y además quienes quieren usurparles el territorio a las comunidades “voltearon las casas donde vivían de más de 150 años”. “Recién están entregando los animales”, cuenta el comunero frente a la tranquera de la comunidad donde están siendo apoyador por cerca de 50 comunidades indígenas de la provincia.
El conflicto inició en el 2007. Desde entonces transcurrieron 18 años en los que la comunidad tanto por vías administrativas, como judiciales, valida momento a momento su ancestralidad en el territorio. Detrás del desalojo ordenado por la jueza Lis Vadecantos Bernal, se encuentra una de las familias feudales de la provincia, los Jenefes.
Guillermo Jenefes es dueño del multimedio Canal 7, fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, durante el gobierno de Eduardo Fellner. También apoyó al ex gobernador radical Gerardo Morales (UCR) para aprobar la reforma de la constitución provincial. Su hijo, Juan Jenefes, es actualmente diputado provincial por el PJ jujeño.
“Siempre la ambición” es la que está detrás para el comunero que recuerda que en la zona se encuentra la “reserva biosfera de la Yunga”. “Estas personas le quieren dar el terreno a empresarios inmobiliario”, concluye Cruz.
La comunidad tiene personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y también posee la carpeta técnica propia del relevamiento que establece la Ley 26.160. Sin embargo, en 2021, tanto la personería jurídica de la comunidad como el relevamiento territorial fueron anulados por el gobierno jujeño por decreto.
