“Es una expresión del racismo»

Hace unas semanas la Legislatura de la provincia de Mendoza votó una resolución racista en la que sostienen que «los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios de Argentina». Gabriel Jofré, werkén de Malalweche, comunidad mapuche del sur mendocino, habló en “Con los pies en la Tierra”, el programa de radio de EnlaTierra, sobre esto y dijo que la resolución es “una expresión del racismo» y una “actitud contra todo aquello que sea inclusión de derechos”. Denunció también que la resolución tiene que ver con las tres empresas que pretenden unas 900 mil hectáreas donde hay nacientes de ríos y petróleo.

“Los antecedentes anteriores a una resolución como esta son las Leyes de Núremberg cuando se desconoció al pueblo judío, gitano y otros pueblos, y los consideró inferiores”, dice el werken y detalla que esto es para que “veamos la atrocidad que ha hecho la Legislatura de Mendoza”. Ni bien conocida la noticia, investigadores del Conicet, se pronunciaron en contra de dicha resolución y también hubieron pronunciamientos de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el RacismO (INADI).

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), de Naciones Unidas, realizó distintas recomendaciones al Estado Argentino y mostró su preocupación por lo ocurrido en Mendoza y también el la Lof Lafken Winkul Mapu. El organismo «insta al Estado parte a adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar el derecho de propiedad comunitaria indígena y establecer mecanismos eficaces para la titularización de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas, a nivel federal y provincial».

A ello se suma la recomendación de «redoblar sus esfuerzos para implementar la ley n° 26.160 y a fin de asegurar la pronta culminación del relevamiento de los territorios indígenas, incluyendo a través del aumento de los recursos humanos, técnicos y financieros al INAI y al Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas”.

También el informe recomienda “intensificar las acciones encaminadas a dar cumplimiento cabal a las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat” e “insta al Estado parte a adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el pleno respeto de los derechos consagrados en la Convención a todos los pueblos indígenas en el Estado parte, incluido el pueblo Mapuche, en todos los niveles de gobierno, incluido a nivel provincial».

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