Después de la represión contra la comunidad de Peñas Negras de Catamarca las comunidades diaguitas-calchaquies de esa provincia, junto con las de Salta, decidieron formar un frente para defender los territorios.

Andrea Morales Leanza es abogada de la comunidad indígena de Peñas Negras, ubicada en Belén, y habló con En La Tierra sobre lo sucedido hace unas semanas en territorio. Contó que “se hicieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General y pedimos la intervención de la fiscalía del departamento de Belén” porque “ya venía sucediendo la violencia de la provincia” y contó que desde hace un tiempo existe violencia de “grupos pagados por la empresa minera”.

En Catamarca hay más de cincuenta comunidades indígenas, la comunidad de Peñas Negras se encuentra en el límite con la provincia de Salta, entre Aguas Calientes y Carachi. Desde hace dos años en la zona la empresa Elevado Gold S.A., de capitales australianos, tienen unos permisos del Ministerio de Minería de la provincia y pretenden usurpar y apropiarse del territorio indígena para la explotación. Ello sin consentimiento de las comunidades.

A principios de abril, por orden de la fiscal de Belén Marina Villagra, la empresa intentó ingresar en territorio comunitario escoltado por la policía y ante la defensa del territorio de la comunidad las fuerzas de seguridad provincial reprimieron a los comuneros, entre ellos, a Félix Escalante, de 80 años que sufrió distintas heridas y debió ser trasladado.

“Contaban con unos permisos otorgados en febrero para que vaya a realizar los trabajos de exploración y a partir de ahí solicitan el auxilio de la fuerza pública”, explicó la abogada y agregó que la fiscal “entendió que esto debía hacerse por la fuerza y manda a la infantería, teniendo en cuenta que esto iría en contra de la paz social porque las comunidades no dieron su consentimiento”. La fiscal Villagra también fue denunciada por las comunidades.

Después de que la represión tomara estado público, y que las comunidades realizaran cortes de ruta, el gobierno catamarqueño debió ceder a lo pedido por las comunidades y se logró un acuerdo donde se retiró a la empresa del territorio, se revocaron los permisos, y se emplazó la realización de una mesa de diálogo.

“Se formó un frente para la resistencia y estrategia para la defensa de los territorios de comunidades diaguitas de la provincia de Catamarca y Salta”, contó la abogada y anticipó que van a solicitar el dialogo con los gobiernos de las dos provincias en el territorio indígena.