Después de que la Procuración General de la Nación le recomendara a la Corte Suprema tratar la demanda iniciada por la Nación contra la reforma de la constitución provincial, el máximo tribunal del país corrió traslado a la provincia que tiene, ahora, 60 días para comparecer.
Se trata de la causa iniciada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que, en líneas generales, plantea la inconstitucionalidad de artículos de la reforma de la constitución provincial que criminalizan los cortes de ruta y otras formas de protesta; y los que tienen que ver con el uso de las tierras fiscales y la regulación del uso de las aguas, en los que se incumple con la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas.
La presentación del ministerio pretende se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 67 inc. 4°, 94 y 95 de la reforma de la Constitución de la Provincia de Jujuy. Estos artículos reformados “subvierten el orden institucional creado por la Constitución Nacional, así como derechos y garantías allí consagrados”.
El pasado 10 de octubre la Corte dispuso “córrase traslado de la demanda interpuesta contra la Provincia de Jujuy” que “se sustanciará por la vía del proceso ordinario”. Para comunicar de la causa al gobernador provincial se envió un oficio al Juzgado Federal de San Salvador de Jujuy. Ahora la provincia tiene 60 días para contestar y ejercer su derecho a defensa, tal y como lo consigna el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Actualmente, integrantes del Tercer Malón de la Paz se encuentran frente al Palacio de Tribunal para exigir a la Corte la nulidad de la reforma constitucional de Morales, entre otros reclamos a los tres poderes del Estado. El malón está integrado por comunidades indígenas que representan a los pueblos Atacama, Quechua, Chicha, Omaguaca, Fiscara, Tilián, Ocloya, Guaraní.
Por otra parte, esta semana el presidente de la Nación Alberto Fernández prorrogó hasta el próximo 5 de diciembre el plazo para que la “Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias Sobre Violencia Institucional en la Provincia de Jujuy” eleve su informe al Congreso de la Nación y a la Corte Suprema sobre lo sucedido en Jujuy durante la represión del gobierno de Gerardo Morales.
