El juez provincial Francisco Astoul Bonorino volvió a ordenar un desalojo ilegal contra el territorio mapuche del Lof Melo y Lof Kinxikew. La medida fue dictada el pasado 30 de marzo y desde las comunidades denuncian esto como “un claro acto de persecución y arbitrariedad”.
Se trata de la zona ubicada en el paraje Paso Cohiue donde las comunidades tienen presencia centenaria, a orillas del Nahuel Huapi. En mayo del año pasado, el conflicto iniciado en 2011, tuvo uno de sus momentos más difíciles cuando un juez dispuso el desalojo de las comunidades. Ahora vuelve a la carga el Poder Judicial.
Según cuentan desde la comunidad en la orden el magistrado “omite deliberadamente” nombrar al Lof Melo negándole sus derechos. Asimismo, impide el acceso de la defensa al procedimiento. En otra causa hay una medida cautelar en favor de la comunidad que se encuentra paralizada. “Este comportamiento no es neutral: responde a intereses que nada tienen que ver con su función como juez”, dicen desde la comunidad.
“Tenemos pruebas, documentación histórica y legal que respalda nuestra preexistencia como pueblo. Hemos cumplido con cada requisito exigido por el Estado” dicen desde las comunidades y agregan: “Nuestra existencia no se discute: está documentada desde 1890 hasta la actualidad por el propio Estado argentino. Responsabilizamos a la justicia por cualquier avance sobre nuestros derechos y territorios”, concluyen.
El plano internacional
Actualmente la orden de desalojo continua firme aunque las comunidades están firmes en el cuidado de su territorio. Mientras, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hay pedidos realizados por la comunidad de medidas cautelares que los protejan del desalojo.
El año pasado el relator sobre derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Arif Bulkan se reunió con la pu logko Amancay Quintriqueo, del lof Quintriqueo y Lucas Melo, logko del lof Melo de la Zonal Bafkence. El relator mostró su preocupación por la situación de las comunidades puesto que el país debe continuar cumpliendo con la sentencia del caso Lhaka Honhat, que obliga —entre otras cosas— al Estado a adoptar medidas legislativas para proteger la propiedad comunitaria indígena.
