Desde hace semanas, la comunidad diaguita de Peñas Negras, ubicada en Belén, provincia de Catamarca, recibe constantes embates y amedrentamientos tanto judiciales como de la propia policía provincial. La provincia pretende que las mineras ingresen, pero las comunidades defienden el territorio ancestral. La comunidad prepara la presentación de una acción de amparo.
Las empresas que pretender ingresar a la fuerza a territorio son las de Minera Millaray S.A., y las operadoras Elevado Gold S.A. de origen australianos y Amalaya S.A. -una especie de lavada de cara de la mal recordada la Alumbrera-. Se trata de los proyectos mineros denominados Aguas Calientes I, II y III por los que la provincia ni siquiera se molestó en cumplir con la consulta previa, libre e informada que corresponde hacerles a las comunidades indígenas.
“La gestión Jalil-Jalil quiere imponer a como dé lugar la actividad minera en territorio”, dice a En La Tierra la abogada de la comunidad Andrea Morales Leanza y aclara que en varias oportunidades la comunidad ya ha sido firme al considerar que “no desea esa actividad en el territorio porque resulta incompatible con su modo de vida y su dinámica económica ancestral, son pastores de altura”.
La comunidad vive en una zona fronteriza con la provincia de Salta, a más de 3500 metros de altura, incluso en su vida diaria, de pastoreo y crianza de llamas y vicuñas tienen estrecha relación con la comunidad Jasimaná. Si uno tiene en cuenta este dato, cerca de 900 comuneros y comuneras son las que luchan por el no ingreso de las mineras a territorio.
“Todo el proceso de otorgamiento de permisos a las mineras se ha hecho por fuera de la ley. No cuentan con informes de impacto ambiental, no han hecho la consulta previa libre e informada, y desde ahí ya está viciado el acto”, dice la abogada de la comunidad. Y agregó: “Se trata de una actividad de alto impacto ambiental porque consiste en la extracción a gran escala de oro y cobre, es minería a cielo abierto”.
“Es una zona intangible, protegida por legislaciones nacionales”, explicó también al recordar que hace unos años, cuando existía el juzgado de Minas, se falló contra la actividad minera por esta razón. “Nosotros estamos haciendo todas las presentaciones que hay que hacer”, dice y anticipa que en los próximos días la comunidad presentará una acción de amparo.
El pasado 6 de setiembre, los comuneros realizaron una denuncia penal ante la Fiscalía de Belén tras los hechos de violencia policial ocurridos en su territorio. Desde hace más de diez días que sufren distintos amedrentamientos: “Se presentan en territorio, ingresan sin dar información de porque están ahí, sin ningún tipo de autorización u orden de fiscalía. Entran con escudos, empujan, y con motos que no tienen identificación, no sabemos que hacen ahí”, cuenta Morales Leanza.
Es un asunto del pueblo de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita que comprende a las provincias de Catamarca y Salta. En este contexto el gobierno de Rubén Jalil parece tener un solo lado, el de las mineras. Las comunidades planean resistir: “Su estrategia de resistencia es en territorio. Están dispuestos a dar la vida”, concluyó.
