Así de crudo es el testimonio de Ayelén Villa Inalef, werken de la comunidad mapuche Inalef y sobrina de Juan Carlos Villa, quien fuera fusilado el pasado domingo 11 de agosto durante un allanamiento por la policía. El oficial Néstor Adrian Lamadrid fue imputado por el hecho por los delitos de homicidio y lesiones graves. Sin embargo, se dispuso su libertad mientras se realiza la investigación.
Ese día también fue herido de tres balazos el hijo de Juan Carlos, Emanuel, que se encuentra internado desde entonces. “Ingresaron a los tiros en un lugar donde había cinco personas”, cuenta a En la Tierra Ayelén y detalla que quienes se encontraban en el lugar “empezaron a correr porque empezaron a disparar”. “Lo empujó, sacó el arma y lo fusiló”, detalló la werken.
Lamadrid, oficial inspector al frente del destacamento 145 del paraje Mallín Ahogado, es quien quedó imputado por el fusilamiento del integrante de la comunidad mapuche. El hecho ocurrió en el contexto de un allanamiento policial que no se dio en el territorio de la comunidad aunque en un contexto de intento de desalojo de diversas comunidades mapuche de la zona.
El accionar policial se da a raíz de una orden de allanamiento, por una denuncia realizada por vecinos, para buscar armas de fuego en la vivienda y secuestrarlas. El allanamiento ordenaba detener al hijo de Juan Carlos, Emanuel. Según relatan los testigos a Juan Carlos lo fusilaron y a Emanuel le dispararon estando esposado. Un dato no casual es que, una vez terminado el operativo, recién mostraron la orden judicial.
“Escuchamos disparos y fuimos”, cuenta Ayelén y sostiene: “Queremos justicia, que ese oficial quede detenido”. Tanto familiares como vecinos de la zona fueron los que impidieron que la propia policía provincial sea la que se lleve el cuerpo de Juan Carlos. En tanto, Lamadrid, aunque fue imputado por delitos gravísimos, se encuentra en libertad y accedió al beneficio de que le colocaran una tobillera electrónica mientras se realiza la investigación judicial.
Esta semana se realizó la audiencia de formulación de cargos, donde se dispuso cuatro meses de investigación, y la defensa de los policías comenzó con el argumento de una presunta legítima defensa. Dicen que redujeron a Emanuel para detenerlo pero su padre los habría atado con un cuchillo. Las armas de fuego que la orden de allanamiento ordenaba buscar no estaban, ni en la vivienda, ni en poder de las personas que estaban aquel día.
Mismo argumento tuvo el actual gobernador de Río Negro Alberto Weretilnek al hablar sobre el fusilamiento: “Quiero ser categórico: durante un allanamiento autorizado por la Justicia un policía de Río Negro enfrentó un peligro extremo para su vida y actuó en legítima defensa. El resultado fue la muerte de un hombre y otro herido”, justificó. Ayelén calificó de “indignantes” los dichos del gobernador y detalló que “en vez de cuidarnos la policía está matándonos”.
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