Este lunes la Justicia Federal de General Roca condenó a seis integrantes de la comunidad mapuche Lof Lfken Winkul Mapu por usurpación a penas de entre un año y dos años y seis meses de prisión en suspenso. El próximo 30 de mayo se conocerán los fundamentos de una sentencia que desde las comunidades consideran funcional al poder económico y político.
El juez del TOF de General Roca Alejandro Silva, en sala unipersonal, dió este lunes la sentencia en el juicio que se llevó adelante contra Betiana Colhuan, Marta Jaramillo, Romina Rosas; Jésica Bonnefoi, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana. Este último llegó al juicio bajo arresto domiciliario.
Silva, en su sentencia, rechazó que se saque del lugar el rewe, sitio sagrado mapuche, algo que habían solicitado la querella y Parques Nacionales. Ello porque actualmente hay una causa ante el Juzgado Federal de Bariloche sobre esto. No obstante condenó a las y los integrantes de la comunidad.
Guenumil fue condenada a un año de prisión en suspenso; Colhuan a dos años y dos meses, también en suspensa; mientras que Rosas y Jaramillo a dos años y cuatro meses. Por su parte, la condena a Bonnefoi y Santana fue a dos años y seis meses de prisión, también en suspenso. En el caso de Santana, que llegó al juicio en prisión domiciliaria, el juez unifico las penas con otra causa para terminar condenándolo a tres años de prisión en suspenso. Por ello ordenó su inmediata libertad.
La escalada judicial contra las comunidades mapuche no termina. Previo a la sentencia se pudieron escuchar las palabras de las y los integrantes de la comunidad: “Nos están condenando a nosotros que defendemos la vida, y eso es injusto», dijo Guenumil y aclaró que “a los asesinos de Rafael Nahuel y Elías Garay no los condenan, tampoco a quienes nos matan en Vaca Muerta con los extractivismos”.
Desde la Confederación Mapuche de Neuquén se pronunciaron sobre esta nueva condena: “Una vez más un poder judicial que a todas luces obedece y es funcional a los sectores económicos y políticos de poder, deja tranquilo a quienes sacan provecho de este escenario de represión”, dijeron.
Entre las causas incluidas para poder realizar el juicio se encuentran las denominadas “La Escondida”; el ex hotel IOS de Villa Mascardi y “Los Radales”. Se les endilga la usurpación hasta octubre de 2022, momento en que se produjo el desalojo de la comunidad. Hay que recordar que desde entonces un “Comando de Seguridad”, creado por el ex ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, custodia las tierras de forma constante.
